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TEORÍA GENERAL DE LA IMPUGNACIÓN

  1. 1.            DEFINICIÓN.

La teoría general de la impugnación, sostiene el profesor HINOSTROZA MINGUEZ[1] implica la fiscalización de la regularidad de los actos del proceso, sobre todo aquellos concernientes al órgano jurisdiccional, representados a través de las correspondientes resoluciones. Presupone el control de la actividad judicial encaminado a corregir los actos irregulares o inválidos derivados de ella.

La teoría general de la impugnación trata el fenómeno de la denuncia referida a la presencia de actos procesales imperfectos o ineficaces, así como el estudio de los medios y procedimientos que el derecho positivo prevé con el objeto de rectificar tales actos.

El ordenamiento jurídico procesal requiere para la vigencia constante de sus normas de la existencia de medios idóneos que logren enmendar las irregularidades cometidas en el proceso, poniéndoles término y restableciendo los derechos vulnerados. Los medios en cuestión son precisamente los impugnatorios, que no buscan sino el restablecimiento de los derechos materia de quebrantamiento y la eliminación del agravio derivado del acto procesal irregular, con el objeto de garantizar los derechos del sujeto perjudicado.

En suma, la teoría general de la impugnación abarca el estudio de las causas o posibilidades impugnatorias, de los medios de impugnación aplicables y del trámite respectivo.

  1. 2.            ACTIVIDAD IMPUGNATIVA

Los actos procesales tienen una determinada finalidad y se desarrollan de acuerdo a reglas preestablecidas. La no observancia de éstas, especialmente si se afectan los fines del acto en mención, da lugar a la actividad impugnativa, la misma que está dirigida a rectificar los vicios o defectos producidos.

En caso que los actos del proceso sean imperfectos o anormales no se podrá obtener su finalidad (siempre que no puedan ser convalidados), originándose así situaciones que los convierten en injustos o ilegales. Ello va a dar nacimiento a un conjunto de actos procesales destinados a corregir los actos imperfectos o viciados. Esta actividad -que es la impugnatoria- emerge de la facultad de impugnación con que cuentan los justiciables encaminada a suprimir el vicio o defecto en que se incurriera, con el objeto de que el acto procesal cumpla con su finalidad y esté revestido de legalidad, lo cual descarta todo posible agravio que perjudique al interesado.

Según KIELMANOVICH “… los actos procesales de impugnación, son aquellos que están dirigidos directa e inmediatamente a provocar la modificación o sustitución -total o parcial- de una resolución judicial, en el mismo proceso en el que ella fue dictada[2].

Para SATTA “el término de impugnación es la calificación genérica de los múltiples remedios que se dan contra los actos jurídicos: en efecto, impugnar no significa otra cosa, latinamente, que contrastar, atacar…”[3] .

La actividad impugnativa emana -como se dijera- de la facultad del mismo orden inherente a las partes. Dicha potestad procesal constituye un derecho abstracto cuyo ejercicio no se encuentra supeditado a la existencia de un vicio o defecto que invalide el acto, siendo suficiente la invocación de tal facultad para que se desarrolle la actividad impugnativa, al término de la cual se acogerá o desestimará la petición, dependiendo de la existencia o no de un acto viciado o defectuoso, o, también, de la observancia o no de las formalidades exigibles para el trámite impugnatorio.

  1. 3.            FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN

La impugnación representa la forma idónea de procurar (a través de la correspondiente revisión por el mismo o por otro órgano jurisdiccional) suprimir los vicios que afectan a los actos procesales a fin de lograr su corrección y restablecer su legalidad, eliminándose así el agravio inferido al impugnante.

La impugnación, sostiene el profesor HINOSTROZA MINGUEZ[4] reposa entonces en el derecho vulnerado con el acto viciado, el cual se pretende sea restablecido mediante el perfeccionamiento del acto impugnado que puede alcanzar de esa manera su finalidad. Como el vicio o defecto supone una trasgresión del ordenamiento jurídico la impugnación tiende a la correcta actuación de la ley.

La impugnación, por nuestra parte, se funda en la necesidad de disminuir la posibilidad de injusticia basada, principalmente, en el error judicial, el cual, si no es denunciado, da lugar a una situación irregular e ilegal que, por lo mismo, causa agravio al interesado. La revisión de los actos afectados de vicio o error, en que consiste la impugnación, obedece, pues, a un perjuicio inferido al impugnante derivado de la inobservancia de las reglas procesales o de una errónea apreciación al resolver o de una decisión arbitraria o de una conducta dolosa. Por ello a fin de garantizar una resolución justa y la estricta aplicación de la ley es que resulta indiscutiblemente necesaria la impugnación de los actos procesales y la instancia plural.

  1. 4.            LA INSTANCIA PLURAL

Al dividirse el proceso en dos instancias o grados jurisdiccionales, se atribuye competencia a un órgano jurisdiccional para conocer en la primera instancia, y a otro órgano (generalmente colegiado) para conocer en la segunda instancia. Existe así un doble grado de jurisdicción o pluralidad de instancias. La función de los órganos jurisdiccionales de segunda instancia es la de revisar las decisiones de los magistrados de primera instancia, siempre y cuando alguna de las partes hubiese interpuesto el correspondiente medio impugnatorio.

La instancia plural o principio de doble instancia obedece a una concepción política encaminada a disminuir la posibilidad del error judicial. A través de la instancia plural se obtiene una mayor seguridad jurídica con el control que ejercen los diferentes órganos jurisdiccionales.

La instancia plural es, pues, una garantía de una mejor justicia que se logra con la fiscalización de los actos procesales impugnados (generalmente resoluciones) que lleva a cabo el órgano judicial jerárquicamente superior, el mismo que se pronuncia sobre su validez o invalidez, confirmando o revocando -en ese orden- lo resuelto por el órgano jurisdiccional de inferior jerarquía.

MORALES MOLINA manifiesta al respecto que la doble instancia “representa una garantía para los asociados desde tres puntos de vista: a) En cuanto un juzgamiento o juicio reiterado hace por sí posible la corrección de los errores del inferior; b) En cuanto las dos instancias están confiadas a jueces diferentes, lo que propicia la imparcialidad; c)En cuanto el superior se considera más idóneo que el inferior por su preparación y experiencia, pues debe reunir mayores requisitos para ejercer el cargo[5].

Pese a que la instancia plural es un principio impuesto casi universalmente en los sistemas procesales existen una serie de objeciones, de las cuales nos informa VÉSCOVI[6], a quien citamos seguidamente:

a)           La mayor celeridad exige una sola instancia.

b)           Si el tribunal de segunda instancia es el que predominará y, por otra parte, es el que está mejor integrado (generalmente por la colegialidad y mayor versación y experiencia de sus miembros), ¿por qué no se suprime, entonces, la primera instancia?, se ha preguntado. En definitiva, se dice, conduce a la desvalorización del juicio de primer grado y a la glorificación de los recursos.

c)            Asimismo se ha dicho que los tribunales de segunda instancia, integrados por magistrados de mayor edad, son más conservadores (algunos dicen más aristocráticos) y cristalizan la jurisprudencia que desarrollan los jueces de primera instancia.

d)           Por último, se señala que puede evitarse la mayor irreflexibilidad en el juzgar por el juez de primera instancia, por medio de un órgano colegiado de instancia única. El cual, por otra parte, es el único compatible con el régimen de oralidad que generalmente se proclama entre los principios procesales.

Sin embargo, las objeciones señaladas resultan insuficientes para desconocer la importancia de la instancia plural como garantía de una buena administración de justicia y, por ende, de decisiones judiciales expedidas conforme a derecho y en atención al mérito de lo actuado y probado en el proceso. En efecto, el doble examen significa menos probabilidades de error y mayores posibilidades de subsanación o rectificación del acto viciado o defectuoso.

VÉSCOVI[7] indica sobre el particular que “en favor de la impugnabilidad (en general) y de la segunda instancia (en lo que al recurso de apelación se refiere), se dan múltiples argumentos. Frente a la celeridad, se levantan las garantías; la impugnación (…) surge de un ansia natural de justicia; la mayor experiencia de los magistrados superiores y la colegialidad, no significa límite a las novedades jurisprudenciales de primera instancia, sino en la medida en que ello es razonable y lógico, sopesando mejor las corrientes nuevas y evitando, en cierto sentido, el esnobismo”.

En nuestro medio el principio de la doble instancia tiene rango constitucional al estar contemplado en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Políticade 1993. También se encuentra contenido en los artículos 11 de la Ley Orgánicadel Poder Judicial y X del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Este último dispositivo legal -del Código adjetivo- establece que “el proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta”.

  1. 5.            OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El objeto de impugnación lo constituye el acto procesal que adolece de vicio o defecto. Por lo general -no siempre- se trata de resoluciones, las mismas que son revisadas por el órgano superior jerárquico a fin de determinar si procede o no su impugnación.

El acto procesal puede ser impugnado en su integridad o de modo parcial. Según VÉSCOVI[8], “la impugnación del acto, por regla general, será total, esto es, se referirá a su totalidad, pues generalmente constituirá dicho todo“. Sin embargo -agrega VÉSCOVI ,”… es posible la impugnación parcial cuando no todo el objeto sea impugnado o no lo sea por todos aquellos a quienes alcanza (o afecta). Es decir que podría haber una limitación objetiva en cuanto se impugne una parte del acto (de una sentencia, por ejemplo) y otra subjetiva cuando los impugnantes no son todos los afectados por el acto (por ejemplo, la nulidad la pide uno solo de los litisconsortes)“. Añade el autor citado que “lo mismo si se trata de otro acto: una audiencia, una inspección judicial, etc., cabe que se impugne una parte de dicho acto o que la impugnación la realicen ambas partes o una sola y, aun, dentro de ésta, alguno de sus integrantes“.  Concluye VÉSCOVI diciendo que en este caso “… la impugnación podría tener un efecto reflejo, afectando inclusive a quienes no la formularon…

  1. 6.            FINALIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La impugnación tiene por finalidad la revisión del acto procesal impugnado, ya sea por el órgano jurisdiccional superior o por el magistrado que cono ce en primera instancia del proceso, a fin que sea corregida la situación irregular producida por el vicio o error denunciados, eliminándose de esta manera con la revocación o renovación -en otros términos- del acto procesal en cuestión el agravio inferido al impugnante.

Para OSVALDO GOZAÍNI “la disconformidad se explícita en la impugnación persiguiendo por esta vía que aquel resolutivo se corrija, revoque o reconsidere[9]. Agrega el citado autor que “… la impugnación tiende a corregir la falibilidad del juzgador, y con ello, a lograr la eficacia del acto jurisdiccional“.

A decir de MONROY CABRA “la impugnación tiende a controlar la actuación del juez cuando sus decisiones no se ajustan a la ley…”[10]

En opinión de BRISEÑO SIERRA “… la impugnación tiene una finalidad que se puede distinguir en: censura, crítica y control…”[11]. Dicho autor nos explica que: “Quien censura, no se limita a detener los efectos, ni se queda en la valoración. El censor acomete la anulación, hace desaparecer la conducta impugnada, la califica de nada jurídica o la lleva a su desaparición“. “La crítica tiene una particular manifestación. No sólo en el orden jurídico, sino en el más general de la conducta humana, un crítico es quien, colocándose en la posición del criticado, intenta rehacer, reproducir su actividad (…). En el momento en que el crítico estudia la materia impugnada, asume el papel que el criticado tuvo cuando efectuó la resolución. Es por ello que el crítico puede llegar al mismo resultado o a uno diverso…”. “En el control a base de impugnaciones, la autoridad que analiza el acto atacado, fiscaliza, no la elaboración interna, sino la consecuencia alcanzada. En un control de sentencia, no se vuelve a enjuiciar, sino que se contrapone lo mandado en la ley con lo obtenido en el caso particular. Si existe ajuste, la resolución del controlador ha de ser el rechazo de la impugnación; en el supuesto contrario, se llegará al rechazo del fallo“.

  1. 7.            ALCANCES DE LA IMPUGNACIÓN

Los alcances de la impugnación prácticamente están subordinados al denominado principio de la personalidad de los medios impugnatorios, según el cual la impugnación se origina al formularla una de las partes y se circunscriben sus efectos únicamente a ella y no se extienden a los otros sujetos del proceso.

Es por ello que se restringe, además de la facultad impugnatoria, la potestad de revisión del órgano jurisdiccional superior, cuyo conocimiento se limitará a los agravios invocados por la parte impugnante.

No obstante lo expresado, existe otro principio cual es el del efecto extensivo de la impugnación, que también influye sobre los alcances de ésta. Según dicho principio -que se contrapone al señalado en el primer párrafo de este punto-, la decisión del órgano jurisdiccional superior puede alcanzar a la parte que no hizo uso de su facultad impugnatoria, al examinarse el vicio o error de un modo estrictamente objetivo, aplicándose, en consecuencia, el derecho que corresponda en caso de descubrirse alguna irregularidad.

Es de destacar que el principio de la personalidad de los medios impugnatorios es el que predomina en los sistemas procesales, siendo considerado el principio del efecto extensivo de la impugnación la excepción a la regla general representada por el primero.

Otra excepción al principio de la personalidad de los medios impugnatorios la constituye la elevación en consulta, llamada también apelación automática o ex officio por la cual, sin existir impugnación de parte, se produce la revisión de lo resuelto por el Juez a quo a cargo del órgano jerárquicamente superior. La elevación en consulta de lo actuado se da en casos especiales, en función de la importancia del asunto ventilado en juicio o del estado vulnerable o de desventaja en que se encuentra alguno de los justiciables en relación a la contraparte.

  1. 8.            LIMITACIONES AL DERECHO DE IMPUGNAR

El derecho de impugnar no es absoluto. Existen limitaciones al respecto.

Una de ellas está representada por el denominado principio de recurribilidad de las resoluciones judiciales trascendentes, según el cual únicamente determinadas resoluciones (que se caracterizan por su relevancia en el proceso) son susceptibles de ser impugnadas, existiendo así actos procesales o resoluciones inimpugnables. Ello obedece a la necesidad de evitar dilaciones inútiles del proceso y de impregnarle a éste de mayor celeridad, sin que tenga que afectarse por eso el derecho de las partes.

Suele limitarse además el derecho de impugnar atendiendo a la cuantía o valor económico del petitorio. Así, el asunto ventilado por esa razón ante órganos jurisdiccionales ubicados en los últimos lugares de la escala jerárquica (Jueces de Paz y de Paz Letrados) hace imposible la interposición de medios impúgnatenos como el recurso de casación (procedente en nuestro ordenamiento jurídico contra resoluciones expedidas por las Cortes Superiores: Art. 385 -incs. 1) y 2)- del C.P.C.). No podemos dejar de mencionar que tal limitación resulta sumamente controvertida por cuanto -a nuestro modo de ver- no se debe dejar de administrar justicia -a través de la resolución de los medios impúgnatenos- por cuestiones de orden económico, ya que, de ser así, habría una suerte de discriminación que no comulga con la finalidad del proceso.

También existe limitación al derecho de impugnar en la prohibición del doble recurso, no admitiéndose un nuevo medio impugnatorio respecto de un acto que fue materia de impugnación anteriormente.

Otra limitación al derecho de impugnar sería la adecuación de los medios impugnatorios por la cual para cada acto procesal existe un determinado medio impugnatorio preestablecido legalmente (remedio o recurso, en sus diferentes clases).

El plazo para impugnar constituye otra limitación al derecho de impugnar. En efecto, si se planteara extemporáneamente la impugnación, será declarada INADMISIBLE de plano. Como bien señala DE SANTO “la impugnación, como todo acto procesal, debe ser ejercitada en tiempo oportuno, es decir en el plazo legalmente previsto, ya que en su defecto el derecho a recurrir decae[12]. La razón de encerrar dentro de ciertos límites temporales la posibilidad facultad de impugnar es intuitiva: la de librar las sentencias ya pronunciadas del peligro de previsibles ataques y consolidar su eficacia y sus efectos.

  1. 9.            CAUSALES DE IMPUGNACIÓN

Las causales de impugnación pueden ser clasificadas, siguiendo el criterio del profesor HINOSTROZA MINGUEZ[13] en: i) Vicios (o errores) in procedendo; ii) Vicios (o errores) in iudicando.

En efecto, siguiendo al maestro CALAMANDREI “… puede ocurrir que la conducta de los sujetos procesales no se desarrolle en el proceso de un modo conforme a las reglas del derecho objetivo, y que, por tanto, uno o más de los actos coordinados en la forma antes indicada sean ejecutados de un modo diverso de aquel querido por la ley, o, en absoluto, sean, contra la voluntad de la ley, olvidados. Se produce entonces una inejecución de la ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omitiendo), o ejecuta lo que esta ley le prohíbe (inejecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un ‘vicio de actividad” o un ‘defecto de construcción’, y que la doctrina del derecho común llamaba ‘error in procedendo’…”.

9.1.        VICIOS (O ERRORES) IN PROCEDENDO

Los vicios (o errores) in procedendo, llamados también vicios de la actividad o infracción en las formas, constituyen, pues, irregularidades o defectos o errores en el procedimiento, en las reglas formales.

El vicio in procedendo supone la inaplicación o aplicación defectuosa de las normas adjetivas que afecta el trámite del proceso y/o los actos procesales que lo componen.

Los errores in procedendo se dan en la aplicación de la ley procesal, la cual impone una conducta al juez y a las partes en el desenvolvimiento del proceso. Los errores de procedimiento producen la nulidad del proceso y se pueden dar en la constitución del proceso (presupuestos procesales), en su desenvolvimiento, en la sentencia y en su ejecución.

Sobre el error in procedendo expresa QUINTEROS VELASCO que “… consiste cuando actúa (el juzgador) contraviniendo las formas prescritas por la ley para la resolución, afectándose la forma de la sentencia (…). Con tal desviación o contravención se disminuyen las garantías de la litis y se priva a las partes de una eficaz defensa de sus derechos. Esta falla recae sobre la exterioridad de los actos...[14]

El vicio in procedendo o infracción a las formas acarrea, por lo general -si fuese insalvable-, la nulidad del acto viciado. Ello conduce al “iudicius rescindens”, de carácter negativo, que implica la declaración de invalidez del acto cuestionado y, como efecto secundario, el retrotraer el proceso al estado inmediato anterior al de aquel en que se produjo el vicio (siempre y cuando éste fuese determinante en el proceso).

9.2.        VICIOS (O ERRORES) IN IUDICANDO.

Los vicios (o errores) in iudicando, denominados también vicios del juicio del tribunal o infracción en el fondo, configuran así irregularidades o defectos o errores en el juzgamiento, esto es, en la decisión que adopta el magistrado.

ESCOBAR FORNOS destaca que los errores in iudicando “… se dan en la aplicación de la ley sustantiva, que es la que resuelve el conflicto de derecho planteado en el proceso[15].

El vicio In indicando es aquel que afecta el fondo o contenido y está representado comúnmente en la violación del ordenamiento jurídico (sustantivo) que tiene lugar cuando se aplica al asunto controvertido una ley que no debió ser aplicada, o cuando no se aplica la ley que debió aplicarse, o cuando la ley aplicable es interpretada y -por ende- aplicada deficientemente. A la violación del derecho (denominada también error de derecho) se suma el error de hecho que afecta indiscutiblemente el fondo, formando también así parte del vicio in iudicando. El último tipo de error tiene que ver con la apreciación de los hechos por el órgano jurisdiccional, la cual, de ser deficiente (como cuando no se valora apropiadamente un medio probatorio), afecta la decisión del Juez (esto es, la declaración de certeza sobre los hechos) y causa, por consiguiente, agravio al interesado.

El vicio in indicando genera la revocación, el “iudicium rescissorium”, vale decir, la rectificación directa del vicio o error, dejándose sin efecto la decisión que ocasionó el agravio y emitiéndose otra -esta vez adecuada y correcta- que la supla.

Ya sea que se trate de vicios in procedendo o de vicios in iudicando, las causales de impugnación en general deben constituir vicios o errores trascendentes y no irrelevantes, y tienen que ocasionar agravio a alguno de los sujetos procesales. En todo caso puede afirmarse que es causal para acceder a la vía impugnativa la injusticia de la decisión adoptada por el juzgador.

  1. 10.         PRESUPUESTOS DE LA IMPUGNACIÓN

A nuestro modo de ver son presupuestos de la impugnación: 1) El agravio; 2) La legitimidad; 3) El acto impugnable; 4) La formalidad; 5) El plazo; 7) La fundamentación.

10.1.      EL AGRAVIO.

El agravio o gravamen es el daño causado al impugnante derivado del vicio (in procedendo o in iudicando) producido. Constituye una situación de injusticia que provoca un perjuicio al interés de alguna de las partes.

Para ALVAREZ JULIA, NEUSS Y WAGNER “… existirá gravamen toda vez que la petición, cuya resolución se requiere del órgano jurisdiccional, no ha tenido una favorable acogida ya sea en forma total o parcial[16]

Según GOZAÍNI”… el agravio es el perjuicio concreto que sufre el sujeto. Difiere del concepto de gravamen, pues éste pertenece al terreno de lo estrictamente procesal (presupuesto para recurrir); en cambio, se asocia con el interés, que resulta ser una proyección del daño, o interés insatisfecho o menoscabado, dirigido principalmente al ejercicio del derecho de impugnación”[17].

Habrá agravio cuando no se satisface la expectativa que tiene el sujeto procesal respecto de la pretensión objeto del proceso. No lo habrá en cambio cuando la decisión judicial es plenamente favorable y radique la disconformidad únicamente en los considerandos de la resolución, a no ser que la motivación -sobre todo la jurídica- pueda ser eventualmente perjudicial al justiciable. Lo importante aquí es el resultado concreto del acto y las consecuencias que produzca en relación al derecho alegado y la situación jurídica del sujeto.

10.2.      LA LEGITIMIDAD.

REDENTI sostiene que “para que la impugnación pueda después venir a ser objeto de cognición y de decisión en lo que tiene de intrínseco, la ley exige de ordinario un ulterior requisito o presupuesto procesal – sustancial, a saber, que se pueda aducir un interés legítimo para impugnar. Este, normalmente, está representado o constituido por el vencimiento de la parte que quiere quejarse o ‘gravarse’ de la sentencia[18]

La impugnación se desarrolla al interior de un proceso, razón por la cual su ejercicio es realizado solamente por los sujetos que integran la relación jurídica procesal, específicamente por aquellos cuyo interés es lesionado por el acto viciado (incluyendo a los terceros legitimados).

En efecto, para poder impugnar un acto determinado resulta necesario haber tenido intervención directa o mediata en él, o, en su caso, ser alcanzado por sus disposiciones de manera tal que justifique el interés jurídico.

Cabe señalar que los representantes de las partes no requieren de poder especial para impugnar un acto procesal, pudiendo hacerlo también los abogados patrocinantes que cuenten con facultades generales de representación.

10.3.      EL ACTO IMPUGNABLE.

Por lo general, los actos procesales son susceptibles de ser impugnados, salvo en contados supuestos previstos expresamente por el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, es presupuesto de la impugnación que el acto comprendido en ella no esté calificado por la ley como inimpugnable, caso contrario, deberá ser desestimada de plano.

10.4.      LA FORMALIDAD.

La impugnación precisa de una serie de requisitos formales como el plazo en que debe plantearse (de carácter perentorio), el pago de la tasa judicial correspondiente, la adecuación del recurso al acto que se impugna, la indicación expresa del agravio, la sustentación de la pretensión impugnatoria, etc., los mismos que, si no se cumplen, originan su rechazo

10.5.      EL PLAZO.

Las impugnaciones, para que puedan surtir sus efectos y cumplir con la finalidad para la cual han sido instituidas, han de tener límites temporales en su proposición, que se llaman plazos para las impugnaciones. Así es, la impugnación está sujeta a un plazo perentorio dentro del cual debe plantearla el interesado, siendo denegada si se formula extemporáneamente.

Dicho plazo se justifica porque la facultad impugnatoria no puede ser perpetua, pues, de no haber un límite temporal para su ejercicio, no adquirirían firmeza las decisiones judiciales y no habría entonces seguridad jurídica.

El plazo se computa por días hábiles y es igual para todos los sujetos procesales en virtud del principio de igualdad ante la ley. Ello no obsta que sea computado en relación a cada una de las partes a partir del día siguiente al de la notificación del acto que se impugna. Puntualizamos que, pese a lo expresado, nada impide que la impugnación pueda tener lugar antes de la notificación de acto procesal cuestionado.

10.6.      LA FUNDAMENTACIÓN.

Otro presupuesto de la impugnación es su fundamentación. Así es, no resulta suficiente que se denuncie algún vicio o error (ya sea In procediendo o in indicando), sino que es exigible además señalar los fundamentos de hecho y de derecho que permitan llegar a esa conclusión y que justifiquen la declaración de ineficacia o invalidez, o sea, que persuadan al órgano jurisdiccional revisor de la existencia del vicio, de su trascendencia y del agravio ocasionado al impugnante.


[1] HINOSTROZA MINGUÉS, Alberto.- “Medios Impugnatorios en el Proceso Civil”. Gaceta Jurídica Editores. Primera Edición. Lima-Perú. 1999. Pág. 13

[2] KIELMANOVICH, Jorge L.- “Recurso de Apelación”. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 16.

[3] SATTA, Salvatore.- “Manual de Derecho Procesal Civil”. Volumen I, traducción de Santiago Sentís Melendo y Fernando dela Rúa, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires- Argentina. 1971. Pág. 397

[4] HINOSTROZA MINGUÉS, Alberto.- Ob. Cit. Pág. 15

[5] MORALES MOLINA, Hernando.- “Curso de Derecho Procesal Civil”. Tomo I, Editorial ABC, Bogotá-Colombia. 1978. Pág. 542.

[6] VESCOVI, Enrique.- “Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica”. Ediciones Depalma, Buenos Aires-Argentina. 1988. Pág. 27-28

[7] VESCOVI, Enrique.- Ob. Cit. 88

[8] VESCOVI, Enrique.- Ob. Cit. Pág. 39

[9] GOZAINI, Osvaldo Alfredo.- “Derecho Procesal Civil”. Tomo I, Volumen 2, Editorial Ediar, Buenos Aires-Argentina. 1992. Pág. 733-734

[10] MONROY CABRA, Marco Gerardo.- “Principios de Derecho Procesal Civil”. Segunda edición, Editorial Temis Librería, Bogotá-Colombia. 1979. Pág. 331

[11] BRISEÑO SIERRA, Humberto.– “Nuevas Reflexiones sobrela Impugnación”. En: Revista dela Facultad de Derecho de México, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F, Julio-Diciembre 1975, Tomo XXV, N° 99-100, Págs. 537.

[12] DE SANTO, Víctor.- “El Proceso Civil”. Tomo VIII-A, Editorial Universidad, Buenos Aires. 1987. Pág. 114.

[13] HINOSTROZA MINGUÉS, Alberto.- Ob. Cit. Pág. 24

[14] QUINTEROS VELASCO, Daniel.- “Consideraciones Generales Sobre los Recursos de Apelación y Recusación y sus Trámites”. En: Ciencias Jurídicas y Sociales, Órgano de Divulgación Científica dela Asociación de Estudiantes de Derecho dela Universidad de El Salvador, San Salvador, Julio-Diciembre de 1962, Tomo Vil, N° 35-36, Págs. 35.

[15] ESCOBAR FORNOS, Iván.- “Introducción al Proceso”. Editorial Temis, Bogotá-Colombia. 1990. Pág. 241

[16] ALVAREZ JULIA, Luis; NEUSS, Germán R.J.;WAGNER, Horacio.- “Manual de Derecho Procesal”. Segunda Edición, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires. 1990. Pág. 316.

[17] GOZAINI, Osvaldo Alfredo.- “Derecho Procesal Civil”. Tomo I, Volumen 2, Ed. Ediar, Buenos Aires. 1992. Pág. 259.

[18] REDENTI, Enrico.- “Derecho Procesal Civil”. Tomo II, traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires. 1957. Pág. 13.

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